EL ESCENARIO POLITICO 2018 EN VENEZUELA. El contexto internacional como presión y la incubación de una espera pasiva y desorganizada.

 

EL ESCENARIO POLITICO 2018 EN VENEZUELA. El contexto internacional como presión y la incubación de una espera pasiva y desorganizada.

 

EDUARDO ORTIZ RAMÍREZ

 

 

Si el año 2017 tuvo los sucesos, secuencias y detalles como los ya analizados[1] y los heredados o transmitidos a 2018, este por tales razones y su dinámica de comienzo e intensidad inició con grandes cargas y perspectivas de complicaciones. La muerte/asesinato de Oscar Pérez, el poco o casi irrelevante avance en las negociaciones llevadas a cabo en República Dominicana y el aumento de sanciones internacionales (dadas las actuaciones de EE.UU y UE en fechas del mes de enero) llevaron a revelar o estructurar acciones del lado gubernamental en cuanto a convocar a las elecciones presidenciales para realizarlas antes del 30 de abril del año 2018.

 

Las alarmas y las preocupaciones llevaron también al pronunciamiento del llamado Grupo de Lima (12 países) -que se reunió el martes 23 de enero en Santiago de Chile-  sobre el llamado a elecciones por parte de la ANC[2]. En esta reunión del Grupo de Lima, México se retiró de las negociaciones en su papel de Garante dado el poco avance de las mismas. Por su parte, todo el conjunto de países reunidos en el rechazaron la convocatoria de elecciones en Venezuela por la Asamblea Constituyente, controlada por el chavismo, por considerar que la celebración de comicios antes de mayo impedía que estos fueran “transparentes y creíbles” y carecían de “legitimidad y credibilidad”[3].

 

Además de las acciones señaladas, la administración del presidente Maduro desautorizó la participación de la MUD y Voluntad Popular en los comicios presidenciales convocados e insistió en el proceso de validación de los distintos partidos políticos. Todas consideradas -por agentes opositores y analistas- trabas e impedimentos para facilitar más sus condiciones ventajosas en la elección indicada.

 

De cualquier manera esto afectó la propia marcha lenta de las negociaciones en República Dominicana. Así, Voluntad Popular no asistió a la reunión del 29/30 de enero en Santo Domingo. El contexto internacional, por su parte, se vio más propenso a la crítica a la administración bolivariana a partir de la expulsión del embajador español  por supuestas intromisiones según la administración bolivariana[4]. Esta medida fue seguida con la correspondiente del lado del gobierno español en relación al embajador venezolano.

 

De un salto y con el mayor optimismo y entusiasmo el jefe de la delegación del gobierno en el diálogo, Jorge Rodríguez, anunció el 5 de febrero que los representantes del Ejecutivo ya estaban  listos para concretar y firmar el acuerdo de paz y convivencia con la oposición ese mismo día; indicó además, en una rueda de prensa a medios internacionales, que el 99,9% de los puntos ya habían sido acordados afirmando incluso que la oposición también estaba “casi lista para firmar”; “Con tinta en el tintero, con pluma lista y en las condiciones óptimas para firmar el acuerdo de paz y convivencia. Vamos a firmar hoy (5 de febrero) y vamos también a elecciones. ¿Quién dijo miedo? ¿Van a arrugar ahora?”, dijo Rodríguez directo y con alta emoción (www.quepsaenvenezuela.com 5 de febrero 2018). Contradiciendo estas afirmaciones y pasado un día adicional, el vocero por la oposición en la mesa del dialogo, Julio Borges, desmintió que todo estuviese listo para firmar un acuerdo el martes 6 de febrero. Negó que se hubiesen reunido la noche del 5 de febrero con los representantes del gobierno, y señaló “Puede haber mesa y bolígrafo pero falta que haya la verdad, que no es otra cosa que los derechos de Venezuela” (www.el-nacional.com 6 de febrero).

 

El 23 y el 31 de enero de 2018 se retiraron el canciller mexicano y el chileno, respectivamente, de las llamadas negociaciones de República Dominicana, en razón del poco avance, vicios y/o particularidades observadas en las posiciones e intereses de la administración  bolivariana y sus representantes, según los casos. Todo esto y los otros elementos señalados llevaron a los resultados plasmados el día 7 de enero. Con las posiciones expresadas, el oficialismo estuvo definido por que ya todo estaba listo y había que firmar. Durante una rueda de prensa Jorge Rodríguez firmó el documento y manifestó que ellos “cumplirán su palabra. Vamos a elecciones”, así como que “En el momento correspondiente enseñaremos el pre acuerdo del 31 de enero y cuáles fueron los acuerdos de hoy”  (www.epmundo.com, 7 de febrero 2018). Por su parte, julio Borges señaló en su cuenta de twitter: “Informo al país que no hemos firmado, ni firmaremos, ningún acuerdo que no sea digno ni esté a la altura del pueblo venezolano”; “Los venezolanos de verdad no recibimos órdenes ni de Estados Unidos ni de Cuba. Les garantizo que hasta que no haya un acuerdo digno no firmaremos nada”; “Nunca vamos firmar nada que signifique menos derechos y que confisque los valores democráticos de la población venezolana” (ver www.epmundo.com 7 de enero de 2018; @JulioBorges 7 de febrero de 2018).

 

Preparado así todo el terreno por la administración bolivariana, el mismo 7 de febrero en la noche la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, convocó a las elecciones presidenciales para el 22 de abril[5] del 2018. El mismo CNE, cuestionado y observado internacionalmente, convocó así a las elecciones adelantadas y llenas de todas las conveniencias e inhabilitaciones del interés de los actores oficialistas, que indicó/solicitó/convocó la ANC. Para ello, señaló Lucena, que en todo el proceso existían las garantías para una elección “transparente y confiable, para que los venezolanos expresen su voluntad”; así como que “a pesar de que no se firmó el acuerdo” de Dominicana,  “la paz es el camino” y la ruta “para que el pueblo de Venezuela decida su destino libremente”, algo que debe suceder “sin injerencias”.

 

Varias cosas podían decirse sobre estos resultados; un balance preliminar nos permite compartir la afirmación de Luis Vicente León para el momento en cuanto a que “Es un drama que una elección en Venezuela, lejos de resolver el problema, fortalecer la democracia y legitimar las instituciones vaya directo a generar exactamente lo contrario.” (@luisvicenteleon 7 de febrero de 2018).

 

No era fácil encontrar indicios de que la administración bolivariana fuese a acceder a cambiar ese CNE y convertir una elección nacional, en un episodio limpio y lleno de libertades y derechos ciudadanos. Por otra parte, lo que la administración había entendido como su camino de la paz, pasó a ser interpretado y visto por muchos -interna e internacionalmente-, como el súmmum de las triquiñuelas y el camino directo para la perpetuación del autoritarismo bolivariano[6], heredero de un pastiche donde lo más resaltado en sus tiempos más recientes es la vía al socialismo, la cual se  convirtió en la vía al fracaso, destrucción económica, descomposición nacional, sobrevivencia como única estrategia de vida ante la crisis humanitaria, el hambre y la escasez, junto a la desintegración que produjo y produce –crecientemente- la diáspora[7], y que todos ellos no son más que componentes naturales de una revolución petrolera que terminó en frustración y corrupción, junto a un escenario hiperinflacionario que se alimenta con los propios errores y permanencia del populismo y políticas económicas erradas.

 

Las cartas estaban echadas y el oficialismo seguiría su marcha para ganar las elecciones presidenciales adelantadas en 2018. Las presiones y reacciones internacionales, sin embargo, no amainaron, expresando una posición de fuerte crítica a la manera de proceder y alterar la democracia y sus procedimientos, por parte de la administración bolivariana. Una muestra de ello fue la resolución 1095 de parte del Consejo Permanente de la OEA de fecha 23 de febrero de 2018. Los dos contenidos de la Resolución que se resaltan en la nota[8], son suficientemente expresivos  de la importancia de la decisión del Consejo Permanente, más aun cuando en esta ocasión países caribeños que habían apoyado a Venezuela en anteriores oportunidades se abstuvieron. La resolución se refirió también a la crisis económica, política, social y humanitaria presente en la nación. Por otra parte, las acciones de la administración bolivariana buscaron conseguir supervisión electoral de la ONU[9], pero siempre con mecanismos y personeros (como José Luis Rodríguez Zapatero) que pudiesen facilitar pasar la farsa electoral acoplada. Adelantándose a estos pasos y procedimientos, el Grupo de Lima optó por resaltar la pertinencia de la participación de la OEA[10].

 

En la línea señalada pasó a presentarse el conflicto específico con Panamá, a la luz de acciones tomadas por esta nación sobre Venezuela. A finales de marzo de 2018, la Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales de Panamá llamó a las instituciones públicas y privadas de ese país a limitar las actividades financieras con 55 funcionarios venezolanos y 16 empresas, por considerarlos de “alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”. A la semana siguiente (5 de abril) hubo la reacción venezolana, suspendiendo por 90 días relaciones económicas con 22 personas naturales y 46 empresas de Panamá tras haber “evidenciado el uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dineros y bienes proveniente del delito contra el patrimonio público”. Debe resaltarse, el apoyo firme y decidido del Grupo de Lima  a Panamá, de tal manera que el 6 de abril de 2018, tal Grupo emitió un comunicado en el que 11 países manifestaron su apoyo a Panamá y lamentaron que “el gobierno venezolano, en lugar de contribuir con los esfuerzos de la comunidad global para defender la democracia y los derechos humanos así como proteger los sistemas financieros internacionales, continúe con la ruptura del orden constitucional y las normas internacionales, adoptando medidas que van en detrimento de los países de la región y sus ciudadanos, con una lista que carece de sustento y de marco jurídico”. Tal fue así que Venezuela continuó arreciando el conflicto y de esta manera el Gobierno de Venezuela suspendió por 90 días relaciones económicas, comerciales y financiera con otras 50 empresas panameñas (se sumaron a las 46 sancionadas el 5 de abril), como medida de “protección” de la economía nacional, según Gaceta Extraordinaria número 6.372 (www.noticiasdevenezuela.org 13 de abril; www.prodavinci.com 5 de abril).

 

Por otra parte, la Octava Cumbre de las Américas, que se había ido conformando como otro aspecto problemático dentro de los perfiles conflictivos de Venezuela, tal cual se señaló más arriba, se realizó efectivamente el 13 y 14 de abril. Apartando el sensacionalismo del Presidente de Venezuela sobre si iba o no iba[11] a la Cumbre, para al final decir que no asistiría, así como las ofertas de las cumbres paralelas y las ofrendas y gestiones de alteración/saboteo por parte de cubanos o simpatizantes de Cuba y Venezuela, puede afirmarse que la Cumbre se desarrolló rápido y sin otros problemas.

 

Y, de esa manera, pudo acordarse el Compromiso de Lima en el que sus 57 puntos pretenden luchar contra la corrupción. El acuerdo firmado por los países que participaron en la VIII Cumbre de las Américas se divide en siete capítulos que proponen, en total, 57 soluciones para que cada Gobierno las implemente en la lucha contra la corrupción y en otros temas. Las propuestas intentan fortalecer la democracia, aumentar la confianza de los ciudadanos, advertir la corrupción en contratos públicos y en el financiamiento de campañas en periodos electorales, entre otros, pero leer cada uno de los elementos de solución señalados, nos traslada a un terreno de difícil entendimiento con la administración del caso. Esto es: en buena parte de los casos la administración bolivariana –según su trayectoria y actuaciones- colide con el sentido, inclinación, contenido e intención de la solución que se indica en el Compromiso de Lima. Uno de los puntos fuertes en contra de la administración señalada, derivado de esta Cumbre, es el endurecimiento y continuidad de parte de numerosos países en cuanto a no reconocer resultados electorales que hayan seguido las pautas de irrespeto a los derechos humanos y de alteración de criterios no negociables de arrebato de la vida en democracia[12].

 

En la misma línea de la conformación de un escenario internacional adverso -y de las profundizaciones en las medidas tomadas por países o grupos de ellos- en cuanto a la administración bolivariana, debe señalarse el pronunciamiento que en varios sentidos tuvo el Vicepresidente de los EE.UU. M Pence el 7 de mayo de 2018, día de su participación en la OEA. En tal sentido, Pence instó a los países de la región a suspender a Venezuela de la OEA y aplicar sanciones individuales a funcionarios de alto rango del régimen de NM por haber devastado la democracia y haber enfrascado en la pobreza extrema a lo que alguna vez fue una de las naciones más aventajadas de América Latina. Adicionalmente Pence, quien dedicó buena parte de su discurso a describir la tragedia por la que ha atravesado Venezuela, acusó a la administración bolivariana de asociarse con el narcotráfico y anunció que tres funcionarios venezolanos habían sido incluidos en la lista de sanciones aplicadas por el Tesoro de EE.UU. “Estados Unidos ha designado a tres venezolanos como testaferros de las drogas, hemos congelados sus activos”. La Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro (OFAC) colocó a tres venezolanos en su lista negra. La OFAC anunció sanciones a Pedro Luis Martín Olivares[13], identificándolo como un traficante de droga significativo; a Walter Alexander Del Nogal Márquez y Mario Antonio Rodríguez Espinoza por brindar apoyo a las operaciones de Martín Olivares. La agencia también sancionó a 20 compañías en Venezuela y Panamá, controladas por los ciudadanos mencionados. También Pence, instó al gobierno de Nicolás Maduro a que suspendiera las elecciones presidenciales pautadas para el 20 de mayo de 2018 señalando: “No habrá una verdadera elección en Venezuela el 20 de mayo y el mundo lo sabe. Será una elección falsa” (www.elnuevo.herald.com 7 de mayo 2018; www.el-nacional.com 7 de mayo 2018)[14].

 

Igualmente y ya cerca las elecciones convocadas para el20 de mayo de 2018, el Grupo de Lima volvió a pronunciarse en cuanto a distintos elementos de deterioro de Venezuela en asuntos como los ya anotados. En este caso, específicamente el Grupo de Lima en el comunicado del 14 de mayo señaló “Los países participantes reiteraron la condena al régimen autoritario que prevalece en Venezuela, el cual ha violentado la institucionalidad democrática, el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos y ha convocado a un proceso electoral ilegitimo y carente de credibilidad. Hacen un último llamado al Gobierno venezolano a suspender las elecciones generales previstas para el próximo 20 de mayo, ya que han sido convocadas por una autoridad ilegítima, sin la participación de todos los actores políticos venezolanos, sin observación internacional independiente y sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático”. Como se observa, el comunicado es bastante taxativo sobre la necesidad y pertinencia de suspender las elecciones para la fecha que estaban previstas (www.lapatilla.com 14 de mayo 2018).

 

A partir del 20 de mayo

 

Los resultados electorales del 20 de mayo de 2018, planteados en la versión CNE, no fueron nada esperanzadores para la administración bolivariana. En primer lugar -y grosso modo- con un CNE como el del momento, era de suponer que los resultados eran de menor representatividad y muy poco convenientes para el gobierno[15]. En segundo lugar, la administración bolivariana a partir de tales resultados donde fue “reelecto” NM, no iba a hacer nada distinto a lo que había hecho, porque no podía ni puede según sus concepciones y sus ataduras internacionales.

 

En particular en economía persistió y persiste tratando de vender el Petro[16]; ejecutando política de gasto, monetización del déficit y aumentos de salario, que potenciarían el contexto hiperinflacionario; lidiando con los acreedores internacionales, que cobran deudas importantes pero pírricas ante los dilapidados –grosso modo- 1,2 billones de $ de ingresos petroleros durante alrededor 20 años; difundiendo la idea de que hay una guerra internacional contra la economía de Venezuela; señalando que en Venezuela no hay hambre y que nadie se quiere ir o que los que lo hubiesen hecho, se irían a arrepentir y a querer regresar; que Venezuela va en camino de convertirse en un país potencia, donde se producen muchos bienes y se lograrán exportar otros tantos.

 

En política continuó y continua hablando del poder popular, de una democracia participativa y protagónica, mientras la desinstitucionalización y el autoritarismo destruyen crecientemente el Estado y los restos de la democracia que ahora se pueden añorar, a pesar de todo lo malo que se desarrolló o presentó en las expresiones tardías de la Democracia de partidos[17]. Una presión y un condicionante muy grande que tiene en esta dimensión, es la observación y las acusaciones que pesan sobre varios de sus funcionarios  Para todas estas cosas, indudablemente aprovechará su ANC y cualquier instrumento legal que invente o improvise así como insistirá en que quiere paz, amor y desarrollar las negociaciones otra vez[18].

 

Pero como sabemos, hubo otros resultados que no fueron los del CNE. Estos resultados alternativos ubicaron alrededor de 17 millones de personas que no votaron. No es interés discutir acá el importante problema de la legitimidad, con elecciones donde habrían votado un poco más de tres millones de alrededor de 20 millones del padrón electoral, como  variados actores  presentaron y manifestaron[19]. Hagamos un ejercicio amable, forzando los datos que referimos y pensemos que votaron 5 millones de personas. Incluso planteado así surgen numerosas interrogantes.

 

En primer lugar, debería uno preguntarse sobre la efectividad del tipo de populismo desarrollado por la administración bolivariana, para mantener la consecuencia de sus supuestos seguidores. Y en segundo lugar y en alta correspondencia con lo anterior, las determinaciones que podrían venir de los profundos efectos de una no menos profunda crisis económica y social, donde hay una abierta crisis humanitaria que implica hambre, miseria, desazón y desesperanza: infelicidad, en una administración que se planteó crear un ministerio de la felicidad[20]; pero también de los efectos y resultados de enfrentar a un pueblo que vivió en democracia y que nunca expresó simpatías por el socialismo y sus variantes[21], pero que ante frustraciones y resultados adversos en administraciones anteriores a la iniciada en 1999, pudo ser seducido por una ideología, una mezcla o pastiche, en cuyas esperanzas pudieron creer resentidos, frustrados, necesitados de caudillos y otros por propia voluntad y convicción. Un verdadero desmentido tienen en estos resultados, algunos que siempre piensan que al pueblo le puede inevitablemente gustar el socialismo, comunismo o las formas particulares de un socialismo rentístico plagado de distorsiones y paradojas.

 

Dada la existencia de distintos mecanismos de presión hay que preguntarse: ¿dónde estuvieron los 10/15 millones de inscritos y portadores del carnet de la patria que eran considerados o por lo menos sugeridos por el presidente Nicolás Maduro como seguidores automáticos de la “revolución bonita” para el momento de las elecciones? ¿Dónde quedaron los seis millones de familias a los cuales les llegaban regularmente -según el presidente- las cajas CLAP y que también eran considerados amantes y potenciales continuadores felices de sus obras? Consejos comunales, organizaciones populares diversas de la “revolución”, deben también considerarse. Por lo demás, debe darse por descontado que existían más de 2,5 millones de empleados públicos para el mismo momento, a los cuales se les exigen correspondencias en la dedicación y en el voto. ¿Falta de fidelidad, abandono de la dedicación, amor comprado, confusiones de ideas? Otra idea más terrible y nada democrática, es que deberían existir mayores mecanismos de control y supervisión[22], para que los supuestos seguidores ejecuten efectivamente su función de seguidores. La sostenibilidad de una condición política de esta naturaleza debe ser objeto de análisis o abordarse  un terreno de reflexión como el de la legitimidad.

 

Tal panorama recibió los pronunciamientos nacionales de duda, sorpresa y alarma por las cifras presentadas y por la magnitud de la abstención (54% según los datos “oficiales” y alrededor de 80% según apreciaciones señaladas).  En el plano internacional los pronunciamientos y rechazos fueron categóricos.

 

EE.UU. rechazó los resultados y la reelección ofreciendo además próximas sanciones. Las naciones del Grupo de los Siete (G7) rechazaron el 23 de mayo el resultado de la elección presidencial de Venezuela, pues carecía de “legitimidad y credibilidad”, y pidieron una nueva votación. En declaración conjunta, los líderes de los siete países más industrializados (Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos), junto con la Unión Europea, consignaron que “están unidos en rechazar el proceso electoral”, “No se han respetado las normas internacionales reconocidas y no se han asegurado las garantías fundamentales necesarias para un proceso inclusivo, justo y democrático. Por ende, esta elección y su resultado carecen de legitimidad y credibilidad” (comunicado emitido en Ottawa). Correspondientemente, “Como consecuencia, denunciamos las elecciones presidenciales de Venezuela y su resultado, ya que no representan la voluntad democrática de los ciudadanos venezolanos. El gobierno venezolano ha perdido la oportunidad de realizar, con urgencia, una corrección política” (www.panorama.com.ve 23 de mayo 2018). Por su parte,  el Grupo de Lima anunció el 21 de mayo que no reconocía la legitimidad de las elecciones presidenciales y que preparaba drásticas medidas para limitar las relaciones diplomáticas y financieras con la administración de NM. Los 14 países del Grupo dijeron en un comunicado emitido a través de la cancillería de Perú y México que los comicios no cumplen con “los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente”; de la misma manera el Grupo de Lima señaló que acordó reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, para ello llamarán a “consultas a los embajadores en Caracas” y emplazará a los embajadores de Venezuela “para expresar nuestra protesta” (www.elnuevoherald.com 21 de mayo 2018).

 

Uno de los miembros más activos de ese Grupo de Lima, que ha insistido en los deterioros de la democracia y la economía venezolana como lo ha sido Canadá, nuevamente sancionó a funcionarios de la administración bolivariana el día 30 de mayo de 2018. Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, informó así que 14 funcionarios serían sancionados  bajo los regimientos de la Ley de Medidas Económicas Especiales “Estas sanciones envían un mensaje claro de que el comportamiento antidemocrático del régimen de Maduro tiene consecuencias. El anuncio de hoy es una prueba de nuestro compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo y nuestro rechazo a las elecciones presidenciales fraudulentas de Venezuela. Canadá está tan decidido como siempre a apoyar al pueblo de Venezuela en su búsqueda de un futuro más pacífico, democrático y próspero”. Entre los funcionarios destacó la primera dama Cilia Flores; la alcaldesa de Caracas, Erika Farías y el ex presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Carlos Rotondaro. El Reglamento de Medidas Económicas Especiales establece congelación de activos de los funcionarios incluidos en la lista y prohíbe a las personas en Canadá y a los canadienses fuera de Canadá comercializar con cualquier propiedad de aquellos o proveerles servicios financieros o relacionados (www.el-nacional-com 30 de mayo 2018; www.primicias24.com).

 

En la continuación de estas reacciones internacionales, un evento relevante pasó a ser la resolución de OEA en reunión de inicios de junio, a los efectos de desconocer el proceso y los resultados de las “elecciones”  del 20 de mayo de 2018. Fue quizás un gran triunfo, dentro de sus limitaciones, tanto del Secretario Luis Almagro como de toda la organización. En tal sentido, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó el martes 5 de junio una  resolución sobre Venezuela, que allana el camino a su suspensión de la organización. La representación diplomática venezolana pidió que la votación se hiciera de manera nominal, y el resultado final fue de 19 votos a favor de las sanciones, cuatro en contra (Venezuela, Dominica, San Vicente y Bolivia) y 11 abstenciones (mayormente  naciones caribeñas: Surinam, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago, Belice, Uruguay, Antigua y Barbuda, Ecuador, El Salvador, Granada, Haití y Nicaragua)[23].

 

En el mismo orden de anotaciones anteriores, la UE, el 25 de junio de 2018 amplió su número de funcionarios venezolanos sancionados –llevándolos a 18-, implicando la prohibición de viajar a la UE y la congelación de sus activos en el bloque; esta vez, por el mismo sentido de la reacción de OEA ya señalada, aunque con repercusiones personalizadas en los funcionarios, por su participación en el deterioro de la democracia en Venezuela dadas las elecciones del 20 de mayo señaladas. Entre los sancionados se encuentran los vicepresidentes Delcy Rodríguez y Tareck el Aissami, señalados por el órgano de violar derechos humanos y socavar la democracia y el Estado de derecho; Sergio José Rivero, inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; Jesús Rafael Suárez Chourio, comandante general del Ejército Bolivariano; Iván Hernández, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim);  Elías Jaua Milano, ministro del Poder Popular para la Educación; Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); Freddy Alirio Bernal, director del Centro Nacional de Mando y Control de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP); Katherine Nayarith Harrington, vicefiscal general; Socorro Elizabeth Hernández, miembro del CNE y la Junta Nacional Electoral, y Xavier Antonio Moreno, secretario general del CNE (http://efectococuyo.com 25 de junio 2018; www.el-nacional.com 25 de junio de 2018).

 

En la misma línea de las acciones ya presentadas para Canadá y UE durante el año 2018 -y en un contexto de profundización de la crisis social, económica y política de la nación,  a pesar del nuevo enrumbamiento para la economía y la nación, intentada por la administración bolivariana a partir de las medidas tomadas el 17 de agosto del 2018[24] , EEUU volvió a tomar medidas sancionatorias hacia funcionarios de alto nivel de la administración bolivariana. En específico las tomó sobre Cilia Flores (primera dama), Delcy (Vicepresidente) y Jorge Rodríguez (ministro para la comunicación e información) así como Rafael Padrino L. (ministro de la defensa). De esta manera, las propiedades e intereses que los cuatro funcionarios tuviesen en Estados Unidos o que estuviesen bajo el control o posesión de terceros de nacionalidad estadounidense serían bloqueados y reportados a la OFAC. “El presidente Maduro confía en su círculo cercano para mantenerse en el poder mientras su régimen saquea sistemáticamente lo que queda de la riqueza de Venezuela. Continuamos señalando a los partidarios que permiten que Maduro consolide su control sobre los militares o el gobierno mientras los venezolanos sufren”, es parte de lo contenido en un comunicado del secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. Agregando que “El Tesoro seguirá imponiendo un castigo financiero a los responsables del trágico declive de Venezuela y a las redes y los representantes que usan para ocultar su riqueza ilícita”; así como que, “Seguimos sancionando a los partidarios del gobierno que hacen posible a Maduro consolidar su control sobre los militares y el gobierno mientras el pueblo venezolano sufre”[25].

 

Tal medida se dio en la semana de la Asamblea General de la ONU nro. 73 en el septenario del 24 de septiembre de 2018. A esta reunión asistió -contrario a lo que había afirmado previamente sobre que no lo haría- el presidente NM. Su discurso, dado con la ausencia de muchos representantes de países, estuvo signado por la repetición de numerosos lugares comunes en el sentido de intenciones, políticas y concepciones presentes en las ejecutorias de la administración bolivariana durante alrededor de 20 años, al igual que numerosas referencias sobre supuestos ataques a nivel internacional para la misma. De resto, todo el discurso estuvo plagado de un auto reconocimiento empedernido a todos los “logros” tenidos por la administración y la nación durante el tiempo señalado. Pero, posterior a esta euforia del presidente y sus seguidores, existen dos eventos que ameritan ser señalados pues encuadran en el sentido del escenario internacional de crecientes sanciones y cuestionamientos hacia la situación en que -ya para ese momento del 2018- la administración bolivariana había ido sumiendo  a la nación y sus ciudadanos, en aspectos económicos sociales y políticos cargados de inestabilidad e incertidumbre.

 

El primero de los eventos señalados en el párrafo anterior atañe a la solicitud el día 26 de septiembre de 2018, por parte de cinco países latinoamericanos (Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú) y Canadá a la Corte Penal Internacional, en relación a investigar hacia el presidente NM crímenes de Lesa Humanidad[26]. Debe indicarse que la petición a la CPI estampada inicialmente por los seis países americanos es la primera, en sus 16 años de historia, en que un grupo de Estados miembros remiten la situación de un tercer país a la Fiscalía. Estos procesos pueden llevar tiempo pero el mismo inicio  a partir de la solicitud representó de por si una acción relevante en contra del presidente. Puede observarse la gestión continuada y perseverante de parte de Canadá en sus observaciones y acciones para buscar detener el clima de deterioro económico, social y político que reiteradamente ha ido planteando presente para Venezuela (www.eluniversal.com 26 de septiembre 2018).

 

El segundo de los eventos indicados atañe a la resolución que tomó el consejo de derechos humanos de la ONU el 27 de septiembre de 2018, en cuanto a que Venezuela debía permitir la observación y canalización de ayuda humanitaria dada la crisis del mismo tenor en lo correspondiente a alimentación y salud; asuntos que han estado en la base de la fluida migración hacia países vecinos y otras latitudes que ya habían ejecutado sobre dos millones de venezolanos,  buscando alimentos, atención de la salud y alternativas en sus opciones de vida[27] (www.eluniversal.com 27 de septiembre 2018). Puede catalogarse como una acción de política firme hacia el Gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, por parte de un órgano intergubernamental (creado en 2006). 23 países votaron a favor de la resolución, siete en contra (Burundi, China, Cuba, Egipto, Pakistán, República Democrática del Congo  y Venezuela[28]) y 17 se abstuvieron (www.elestimulo.com 27 de septiembre 2018). Adicionalmente, debe señalarse que la resolución del caso hizo mención expresa de “la profunda preocupación”  por “las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de la crisis política, económica, social y humanitaria”.

 

El llegadero: las elecciones municipales del 9 de diciembre.

 

A pesar de las expectativas para el comienzo de 2019, en relación al desconocimiento deseado por algunos en cuanto al inicio de un nuevo periodo presidencial del presidente NM en enero del año señalado[29],  las elecciones municipales de diciembre de 2018 se plantearon como una nueva “legitimación” y ampliación de los espacios de poder para la administración bolivariana. Más aun, dado el escenario de expectativas pasivas y desorganizadas, en el cual devino el conjunto de fuerzas opositoras al régimen de la administración bolivariana y sus frecuentes y masivas movilizaciones en distintos lugares del país. Del año 2017, con todos sus detalles y más de 130 muertos, al escenario conocido y observado del año 2018, según características señaladas, indudablemente hay una distancia considerable y poco estimulante. El estímulo o desestimulo según el perfil interpretativo que se asuma, quedó, durante 2018 y sus finales, para la realidad misma, con su agudo deterioro económico y social -con una dominante hiperinflación de proyecciones nada felices para el año 2019-, con un aparato productivo además golpeado, atribulado y afectado técnicamente por todo el conjunto de políticas acumulado desde años previos y, correspondientemente, lo determinante del paquete de medidas del 17 de agosto y su complemento del 29 de noviembre[30], como instrumentos de actuación para equilibrar la economía; considerados por la administración, antes, durante y posterior a su puesta en práctica como exitosos, mientras la realidad económica y social fue demostrando lo contrario al sumir a la economía en mayor recesión y mayor extensión de la pobreza, así como deterioro de la imagen de la nación en el escenario y los indicadores internacionales[31].

 

Igual que otros casos vistos en recientes años -después de diciembre de 2015, donde la administración bolivariana perdió la Asamblea  Nacional- dadas las acciones[32], estrategias, procuras y urgencias de la administración del caso por mantenerse en el ejercicio del poder, no hubo mayores sorpresas en el triunfo cómodo de esta última. Lo destacable solo deriva de la pronunciada abstención observada  (alrededor de un 73%)[33] con una mayoría  definida de cargos ocupados por el PSUV[34] y una población perpleja entre elecciones, hambre y escasez. Con el escenario conocido, y los desempeños continuados de instituciones del caso como el CNE, no es difícil imaginar que la abstención haya sido de un porcentaje mayor.

 

 

@eortizramirez

eortizramirez@gmail.com

 

 

[1] Eduardo Ortiz Ramírez https://www.academia.edu/35405526/VENEZUELA._EL_A%C3%91O_2017_La_revoluci%C3%B3n_fracasada_y_la_pol%C3%ADtica_como_tragedia_.docx._11_de_diciembre_2017.

[2] Este llamado lo hizo la ANC el día 23 de enero de 2018 (www.el-nacional.com 24 de enero 2018).

[3]En tales sentidos expresaron en el comunicado: “Exigimos que las elecciones presidenciales sean convocadas con una adecuada anticipación, con la participación de todos los actores políticos venezolanos y con todas las garantías que corresponda, incluida la participación de observadores internacionales independientes. Unas elecciones que no cumplan estas condiciones carecerán de legitimidad y credibilidad” (http://americanuestra.com/los-principales-paises-de-america-latina-rechazan-las-elecciones-en-venezuela-antes-de-mayo/#). De la misma manera y ya en el ámbito nacional la Conferencia Episcopal Venezolana expresó su rechazo en un documento fechado 29 enero 2018; entre los ocho puntos de ese documento están los dos siguientes: “2.- En primer lugar, ratificamos lo dicho en la Exhortación Pastoral “Dios consolará a su Pueblo”, del pasado 12 de enero 2018: “La Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional e ilegítima en su origen y en su desempeño. En vez de limitarse a redactar una nueva Constitución pretende erigirse en un supra poder con funciones ejecutivas y judiciales” (n.4). Demostración de esto es el mandato dado al CNE por parte de la ANC para que convoque elecciones presidenciales adelantadas, contraviniendo el marco legal vigente. 3.-En segundo lugar, estamos ante un hecho de extralimitación y desnaturalización de las funciones de la ANC. Tenemos una Constitución Nacional y unas leyes que estipulan claramente el procedimiento de las elecciones. Sencillamente, se desconocen y omiten estas disposiciones, para legislar según los intereses propios del poder” (ver www.800noticias.com  29 de enero 2018).

[4] Esta acción recibió respuesta de la UE en el sentido de que: “La UE condena firmemente la decisión de las autoridades venezolanas de declarar al embajador español persona non grata. Expresamos plena solidaridad con España y llamamos a revertir la decisión, ya que va contra la necesidad de mantener abiertos los canales diplomáticos” (Comisión Europea -CE-, Catherine Ray). Venezuela declaró el jueves 25 de enero de 2018 persona no grata a Silva Fernández por “continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia” del Gobierno español en los asuntos de Venezuela (www.globovisión.com 26 de enero 2018).

 

[5] Después fueron pospuestas para el 20 de mayo.

[6] Esta evolución y resultados hasta ese momento, llevaron a pronunciarse –nuevamente- con mucha firmeza al Grupo de Lima; en este caso sobre la participación del presidente NM en la Cumbre de las Américas a celebrarse con fecha 13 y 14 de abril de 2018; partiendo esto del respaldo a la propuesta y decisión del presidente del Perú de no permitir tal participación. En tal sentido, el Gobierno de Perú retiró la invitación enviada al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que asistiera a la octava Cumbre de las Américas, que se efectuaría  el 13 y 14 de abril del año en referencia, según la carta que oficializó esa decisión y que fue firmada por la canciller peruana, Cayetana Aljovín, y enviada al ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza. En tal sentido,  el Grupo de Lima señaló el 13 de febrero de 2018 que respaldaba el anuncio del Gobierno peruano de declarar como “no bienvenida” la presencia en la Cumbre señalada del mandatario venezolano, a quien el bloque exigió un nuevo calendario electoral, al ratificar su rechazo a las presidenciales anticipadas en el país. El grupo (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Brasil y Costa Rica), emitió una declaración en la que reafirmó que las elecciones presidenciales anunciadas por el oficialismo venezolano para el 22 de abril “carecerán de toda legitimidad y credibilidad”. Aljovín objetó la asistencia de NM a la Cumbre, apuntando que, según la Declaración de Quebec de 2001, firmada por los países de la Organización de Estados Americanos (OEA), una ruptura de la democracia constituye un “obstáculo insuperable” para la participación de un Estado en la Cumbre de las Américas (www.efe.com 13 de febrero 2018; www.elmundo.es 16 febrero 2018). El día 21 de marzo de 2018 el presidente de PerúPedro Pablo Kuczynski, renunció a su cargo, según anunció en un pronunciamiento televisado junto a su gabinete; quien lo sustituyó, el Vicepresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo,  ratificó la posición señalada hacia el presidente NM (www.cnnespanol.cnn.com 21 de marzo 2018).

[7] Ver Eduardo Ortiz Ramírez https://www.academia.edu/35776780/VENEZUELA._DESINTEGRACI%C3%93N_NACIONAL_LA_DI%C3%81SPORA_EN_ACCI%C3%93N.

[8] “CONSIDERANDO que el anuncio del Gobierno venezolano de adelantar las elecciones presidenciales al 22 de abril de 2018 imposibilita la realización de elecciones democráticas, transparentes y creíbles de conformidad con las normas internacionales, y contradice los principios democráticos y la buena fe;”; “RESUELVE: 1. Exhortar al Gobierno de Venezuela a que reconsidere la convocatoria de las elecciones presidenciales y presente un nuevo calendario electoral que haga posible la realización de elecciones con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente, legítimo y creíble, que incluya la participación de todos los partidos y actores políticos venezolanos sin proscritos de ninguna clase, observadores internacionales independientes, acceso libre e igualitario a los medios de comunicación, y con un Consejo Nacional Electoral cuya composición garantice su independencia y autonomía y que goce de la confianza de todos los actores políticos.” (https://www.voanoticias.com 23 de febrero 2018).

[9] En fecha 8 de marzo 2018, la ONU descartó el que pudiese ejercer algún tipo de observación en razón de que “El secretario general no puede enviar personal de Naciones Unidas a observar unas elecciones sin un mandato específico de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad”, señaló al respecto el portavoz del secretario General, Stéphane Dujarric (www.laverdad.com 8 de marzo de 2018). Por otra parte el día 9 de marzo Zeid Ra’ad al Hussein, pidió al gobierno de NM que abriera las puertas a la ONU para verificar sobre el terreno lo que sucedía en el país. El mismo alto comisionado había presentado el día 7 de marzo un informe sobre sus actividades ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU donde destacó la situación de las libertades fundamentales en el mundo, en el que dijo que las libertades de expresión, opinión, asociación y reunión pacífica son “reprimidas y gravemente restringidas” en Venezuela; además, señaló que “no se cumplen las condiciones mínimas para la celebración de unas elecciones libres y creíbles”, convocadas para el 20 de mayo (ver www.dw.com 9/3/18). En este agudo contexto, EEUU no amainó en la imposición de sanciones contra funcionarios y la administración bolivariana. Así, el gobierno estadounidense prohibió el 19 de marzo, las operaciones que involucren criptomonedas venezolanas y simultáneamente sancionó a cuatro funcionarios y ex funcionarios oficialistas, intensificando la presión sobre el Gobierno de NM. La orden, firmada por el presidente Donald Trump prohibió a toda persona o compañía sujetas a las leyes estadounidenses, realizar transacciones con cualquier moneda digital emitida por la administración Venezolana, a partir del 9 de enero del 2018, incluyendo al llamado Petro. Los funcionarios sancionados por incurrir en prácticas de corrupción o derroche administrativo fueron: Américo Alex Mata García, director del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat; Carlos Alberto Rotondaro Cova, ex presidente del directorio del Instituto Venezolano del Seguro Social; Willian Antonio Contreras, superintendente nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos; y Nelson Reinaldo Lepaje Salazar, tesorero nacional interino. (www.elnuevoherald.com 19 de marzo). Pero también Suiza, a través de El Consejo Federal (gobierno) promulgó el 28 de marzo sanciones contra Venezuela y congeló los fondos de siete ministros y altos funcionarios “a causa de las violaciones a los derechos humanos y al deterioro del Estado de derecho y de las instituciones democráticas”. Concretamente, Suiza congeló fondos de siete ministros y altos cargos y les prohibió la entrada a su territorio. Aunque el comunicado no especifica quienes son los sancionados, la lista de siete nombres es idéntica a la adoptada por la Unión Europea. También se congelaron bienes de empresas e instituciones que el comunicado no especificó. Los funcionarios sancionados son: el constituyente Diosdado cabello, La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, El Fiscal General Tarek William Saab, Antonio Benavides Torres, El ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol, el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) Gustavo González López, y El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno (www.el-nacional.com 28 de marzo; www.runrun.es 28 de marzo 2018).

[10] Ver Félix Arellano Venezuela y el multilateralismo, 

http://masterecointerucv.blogspot.com/2018/02/venezuela-y-el-multilateralismo.html 27 de febrero 2018.

[11] Aunque le fue señalado por la cancillería y presidencia del Perú, que no sería admitido después de habérsele retirado la invitación.

[12] Félix Arellano http://masterecointerucv.blogspot.com/2018/04/la-cumbre-avances-o-retrocesos.html; Eduardo Ortiz Ramírez  http://masterecointerucv.blogspot.com/2018/04/octava-cumbre-de-las-americas.html.

[13]  Pedro Luis Martín Olivares: exfuncionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) -ligado al exjefe de inteligencia durante el Gobierno de Hugo Chávez y actual diputado a la Asamblea Nacional por Monagas Hugo Carvajal- (www.efectococuyo.com 7 de mayo 2018).

[14] El 18 de mayo de 2018, faltando dos días para las elecciones, EEUU volvió a actuar en contra de 4 funcionarios de la administración bolivariana y -en este caso- se trató  del vicepresidente del PSUV  así como expresidente de la Asamblea Nacional 2012/2016 y figura siempre destacada de la administración del caso así como de su hermano Superintendente del SENIAT (también fueron sancionados Marleny Josefina Contreras Hernández y Rafael Alfredo Sarria Díaz). Las medidas implicaron la congelación de los activos que las personas sancionadas tuviesen bajo jurisdicción de EE.UU y prohibición a las empresas estadounidenses de realizar operaciones financieras con ellas. La OFAC también sancionó tres empresas propiedad de Sarría radicadas en el estado de Florida identificadas como 11420 Corp, Noor Plantation Investments LLC y SAI Advisors Inc. Estados Unidos acusó a D. Cabello de lavado de dinero y estar directamente implicado en el tráfico de drogas a Europa desde Venezuela (pasando por República Dominicana). “El pueblo venezolano sufre bajo políticos corruptos que se aferran al poder mientras se llenan sus bolsillos”, señaló en un comunicado el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin. Así también: “Estamos imponiendo costos a figuras como Diosdado Cabello, que explotan sus posiciones oficiales para involucrarse en el tráfico de narcóticos, el lavado de dinero, la malversación de fondos estatales y otras actividades corruptas” (ver www.msn.com 18 de mayo 2018; www.talcualdigital.com 18/05/18).

[15] El CNE terminó asignándole más de 6 millones de votos a NM, de cerca de 9 millones como total de votantes (ver www.el-nacional.com 22 de mayo).

[16] Su criptomoneda.

[17] Para un caso lleno de particularidades como el de la actual Nicaragua es pertinente la idea de Sergio Ramírez: “Los nicaragüenses lo que quieren es que les devuelvan la democracia” (www.bbc.com 21 de mayo 2018).

[18] Algunos europeos como el expresidente de España Rodríguez Zapatero han conseguido ocupación regular en estas actividades. Cosa curiosa, pero que tiene sus razones del lado de los empleadores.

[19] “Recorridos realizados durante el día por las agencias de noticias y reporteros de la prensa independiente mostraron centros de votación totalmente vacíos en las principales ciudades del país, mientras que encuestas de boca de urna realizadas por firmas privadas también dejaban en claro la magnitud con que el proceso estaba siendo rechazado. Según una de ellas, sólo unos 3.59 millones de venezolanos acudieron a los centros de votación, proporción que solo representa el 17.32 por ciento de los cerca de 20.5 millones de electores inscritos en el registro electoral. Dirigentes de la oposición agrupados bajo el denominado Frente Amplio dijeron antes del anuncio que el mundo había visto el domingo el gran triunfo del pueblo venezolano” (www.elnuevoherald.com 21 de mayo). Directamente pudimos constatar esto y recibimos variadas informaciones de diversos lugares del país, donde el panorama era semejante.

[20] Estas expresiones no se indican con sorna, pues en la misma economía se han estructurado indicadores relacionados y hasta uno llamado de sufrimiento macroeconómico, el buen vivir, mejor vida y otros.

[21] En distintas elecciones de las realizadas antes de 1999, la izquierda difícilmente superaba los 200.000 votos.

[22] Algo así como controles sobre controles.

[23] Un resumen de los elementos fundamentales de la resolución puede abarcar aspectos como: 1. Declarar que el proceso electoral desarrollado en Venezuela, que concluyó el 20 de mayo de 2018, carece de legitimidad por no cumplir con los estándares internacionales, y no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos y haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático. 2. Reafirmar que, sólo a través de un dialogo nacional con la participación de todos los actores políticos y otros actores venezolanos interesados, se podrá alcanzar la reconciliación nacional y acordar las condiciones indispensables para celebrar un nuevo proceso electoral que refleje realmente la voluntad de los ciudadanos venezolanos y resuelva de manera pacífica la actual crisis. 3. Reiterar que ha ocurrido una alteración inconstitucional del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. 4. Urgir al Gobierno de Venezuela a dar pasos para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional, el Estado de Derecho y las garantías y libertades de la población. 5. Urgir al Gobierno de Venezuela a permitir el ingreso de ayuda humanitaria, así como a implementar las medidas de vigilancia epidemiológica en su país para evitar el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública, en particular frente a la reaparición de enfermedades como sarampión, malaria y difteria. 6. Instar a los Estados miembros a implementar medidas para atender la emergencia epidemiológica, incluyendo suministrar medicamentos. 7. Instruir al Consejo Permanente para que, en coordinación con las instituciones interamericanas e internacionales competentes, identifique las medidas apropiadas para apoyar a los Estados Miembros que están recibiendo un creciente número de migrantes y refugiados venezolanos. 8. Hacer un llamado a los Estados Miembros y Observadores a implementar, de conformidad con sus respectivos marcos legales y el derecho internacional aplicable, las medidas que estimen convenientes a nivel político, económico y financiero para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático en Venezuela. 9. Mantenerse atenta al desarrollo de la situación en Venezuela con objeto de apoyar medidas y acciones diplomáticas adicionales que faciliten la restauración de la institucionalidad democrática y de la paz social. 10. Aplicar, en estricto apego al texto y espíritu de la Carta Democrática Interamericana, los mecanismos para la preservación y la defensa de la democracia representativa previstos en sus artículos 20 y 21 (www.diariolasamericas.com   5 de junio 2018).

[24] (“” presidente NM) 1.- “El petro ha sido fijado su valor en dólares en (…) 60 dólares o más, es el precio del barril petróleo. Ahora el petro va a anclar el precio del bolívar soberano y cada petro tendrá un valor de 3.600 bolívares soberanos”, lo que implica una tasa de cambio de 60 bolívares soberanos por dólar”. 2.-  Aumento y el anclaje de los salarios y pensiones al petro. “He fijado el salario mínimo, las pensiones y la base del salario para todas las tablas salariales del país en base a medio petro, 1.800 bolívares soberanos (equivalen a 180 millones de bolívares actuales)”. 3.- La administración asumiría durante 90 días todos los salarios de las PYMIS del país y de todo el sector privado: “tengo los recursos, si no pueden avísenme, pero no voy a aceptar que me aumenten los precios porque aumentaron los salarios”. 4.- Habrá un solo tipo de cambio, que estará anclado al petro durante 90 días y que fluctuará con todo el resto de monedas (dólares, euros, yuanes, etc.). “Elevaremos la frecuencia de subastas ente Dicom con tres subastas semanales de oferta de divisas convertibles en general, con la meta en 60 días de llegar a una por día y jugar claro duro y directo en el sistema cambiario venezolano para tener un solo tipo de cambio definitivamente y matar al dólar criminal, sepultarlo”. 5.- Incremento del IVA de 12 a 16% y la recaudación del ISLR a una frecuencia semanal. También un Impuesto a las Transacciones Financieras de hasta 2% para a los 133 mil contribuyentes especiales del país. 6.- Emisión de un bono para los beneficiarios del carnet de la patria. “A través del carnet de la Patria a partir del lunes 20 un bono de reconversión económica de 600 bolívares (soberanos) a diez millones de carnetizados”. 7.-  Incremento en el precio de la gasolina, sin pormenores sobre cuándo se realizaría el mismo y señalando que “no tiene prisa” por los cambios, que podrían ser paulatinos. Extendiéndose hasta el 30 de agosto el censo de transporte (solo se podrá comprar gasolina con el Carnet de la Patria) (www.noticierodigital.com 17 de agosto 2018; www.eluniversal.com 17 de agosto 2018). Puede verse Eduardo Ortiz Ramírez, NI SUEÑO NI VATICINIO: lo realmente sucedido después del 17 de agosto en Venezuela,  http://masterecointerucv.blogspot.com/2018/09/ni-sueno-ni-vaticinio-lo-realmente.html

[25] Ver www.bbc.com 25 de septiembre 2018; www.el-nacional.com 25 de septiembre 2018; www.ultimasnoticias.com.ve 25 septiembre 2018.

[26] Es de señalar que para finales de septiembre se registró internacionalmente el apoyo de Francia  a esta solicitud. La presidencia francesa señaló que los esfuerzos de la CPI son pertinentes para “establecer los hechos que han llevado a esta crisis y contribuir a encontrar una solución”; mostrando también gran preocupación por los últimos desarrollos de tal crisis y “en particular el deterioro de la situación económica que obliga a cientos de miles de ciudadanos venezolanos a exiliarse y a buscar refugio” en el resto de Sudamérica e incluso en otras regiones y continentes (www.contrapunto.com 1 de octubre 2018; www.elestimulo.com 29/09/18).

[27] Para estos momentos de septiembre de 2018, cifras alternativas variadas, superiores a la indicada, se habían planteado sobre el número de migrantes. Algunas incluso superando los 4 millones para el total de los mismos. La migración de venezolanos en el contexto señalado ha marcado señales muy superiores a migraciones internacionales diversas y evidentemente mayor a la mayoría de las experiencias latinoamericanas en varias décadas.  Ver Eduardo Ortiz Ramírez https://www.academia.edu/35776780/VENEZUELA._DESINTEGRACI%C3%93N_NACIONAL_LA_DI%C3%81SPORA_EN_ACCI%C3%93N.

[28] Debe destacarse que algunos de estos países como China, Cuba, República Democrática del Congo y Venezuela han sido habituales de las listas negras, que elaboran cada año organizaciones del área, como los principales violadores de los derechos humanos en el mundo.

[29] “El próximo 10 de enero de 2019, oportunidad en que se inicia un nuevo período constitucional la nación no dispone de una persona electa para tomar posesión de tal cargo, ya que hasta la presente fecha no se han realizado las elecciones para presidente de la República en los términos establecidos en la Constitución de la República”, comunicado del Bloque Constitucional. Puede verse  http://runrun.es/noticias/360915/an-discute-sobre-juramentacion-de-maduro-el-10-de-enero-de-2019/.

[30] Las medidas tomadas el 29 de noviembre de 2018 implicaron: 1) valor del petro es de Bs S 9.000; 2) salario mínimo pasa a Bs S 4.500; 3) otras medidas como diferenciales de aguinaldos por nuevo salario, más bono navideño según procedimientos y ajuste de tabla de hogares de la patria a partir del 01-12-2018 (ver www.el-nacional.com 29/11/18). No habiéndose ejecutado el aumento del precio de la gasolina, el cuadro de políticas económicas es bastante similar con el contexto de inflación creciente al igual que el mercado del dólar paralelo. Ver referencias de la nota 31.

[31] Puede verse Eduardo Ortiz Ramírez https://www.academia.edu/37913997/COMO_ENTENDER_EL_FUTURO_DE_VENEZUELA_PISANDO_EL_2019._04_de_Noviembre_2018;  y PRONUNCIAMIENTO DE LA ANCE SOBRE SOBRE LOS ANUNCIOS DE NICOLAS MADURO DEL PASADO 29 DE NOVIEMBRE http://masterecointerucv.blogspot.com/2018/12/pronunciamiento-de-la-ance-sobre-sobre.html.

[32] Entre ellas, poner en acción una segunda constituyente dentro de la administración bolivariana, con la correspondiente Asamblea Nacional Constituyente como es analizado más arriba.

[33] Para el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) esta es la segunda abstención más alta en elecciones en Venezuela.  “En la estadística que llevamos nosotros del año 2000, esta es la segunda abstención más alta en las elecciones venezolanas (…) en los últimos diez años no habíamos visto semejante abstención estamos hablando de más del 70% de la población que no votó”, indicó  Ignacio Ávalos, director del OEV; citado en www.entornointeligente.com 16 de diciembre 2018.

[34] “De los 467 cargos nominales, 449 fueron para el PSUV, mientras que otros partidos y alianzas obtuvieron 18 cargos adjudicables”. http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3769, 16 de diciembre 2018.