EL ESTADO IMPOTENTE. Sin solución, ni problemas sencillos ni complejos.

EL ESTADO IMPOTENTE. Sin solución, ni problemas sencillos ni complejos.

 

 

EDUARDO ORTIZ RAMIREZ

 

 

ESTADO, CRECIMIENTO E INTENTOS DE REFORMA

 

Ha sido frecuente, en Venezuela y otros países cercanos, el tratamiento del excesivo papel o participación del Estado. Algunas explicaciones tendieron a ubicar el escaso desarrollo de la sociedad civil -y la correspondiente necesidad de que este último asumiese sus funciones- como uno de los determinantes. Otras, más específicas, atañen a los fenómenos asociados al rentismo petrolero y a las consecuencias del uso de una renta variable, vía precios de un bien que no es producto del trabajo y que tiene sus claras manifestaciones en Venezuela; en el contexto más global se han esbozado las ideas y consecuencias de estructuras y políticas asociadas a los petroestados. Un último y no desdeñable conjunto de determinantes, atañe a los vaivenes y acoplamientos conceptuales que presenta la política económica, según los cambios y evoluciones de la corriente principal en economía o -más directamente- las modas en el mundo anglosajón y sus influencias en nuestras localidades.

 

Por su parte, la experiencia de la participación del Estado en los países de América Latina, deja algunas lecciones que es necesario considerar. Es el caso que, uno de los períodos de mayor crecimiento que ha tenido Latinoamérica es el de los años 1950 a 1980, con tasas mayores al 5% e implicó una participación significativa del Estado (a través de políticas de crédito, empresas públicas, obras de infraestructura, entre otras vías). Si bien hoy día no es practicable por su alto costo, dadas las magnitudes de inversión estatal que significó, los resultados de tal participación fueron más provechosos que las experiencias de liberalización en el cono sur a finales de los setenta y que los resultados  de las políticas de ajustes en variados países en los años ochenta. En varias de las  perspectivas de los resultados positivos señalados, se reconoce que el Estado ha permitido en América Latina corregir las fallas del mercado en la intermediación de fondos entre ahorradores e inversionistas. Este último, sin embargo no debería seguir usando mecanismos ya obsoletos o inconvenientes como instrumentos de promoción o subsidio indiscriminado. Por otra parte, también se ha visto que buena parte del sector público de variados países de América Latina se asemeja en sus ineficiencias así como en las necesidades de que se ejecute efectivamente la reforma del estado o de las instituciones públicas, para que aquél pueda aumentar la efectividad y la eficiencia en las gestiones que emprenda en cuanto a la estabilización y la promoción del crecimiento.

 

De cualquier manera, en la Venezuela de los años de 1959 a 1999, puede decirse que se avanzó en propuestas que buscaban modernizar, transformar o reformar el Estado por vías como la agilización de los procedimientos administrativos, la profesionalización de la gerencia o la descentralización. Medido en términos de discusiones, propuestas y posibilidades del contexto de la democracia y la necesidad de transformarla, a pesar de los perniciosos efectos de la democracia de partidos, puede afirmarse que el periodo de casi 20 años -y sus dos constituyentes- de la administración bolivariana no ha permitido observar detalles, discusiones  y propuestas como las acumuladas, y algunas ejecutadas, que se tuvieron en el contexto de la Comisión Presidencial para la Reforma Integral de la Administración Pública (CRIAP, 1974), la Comisión de Reforma Fiscal (1979) y la propia Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (iniciada esta a mediados de los ochenta; 1984).

 

Venezuela, en particular, ha presenciado abultamientos en la participación del Estado en la economía a partir de los años setenta y particularmente en dos administraciones: la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez (1974/79)  y la del Presidente Chávez iniciada desde 1999 y continuada por el presidente Maduro desde 2013 y en curso todavía (1999/2018). Uno de los acercamientos a esta prominencia puede darse  en los registros del número de entes descentralizados, o los manejados desde instancias centrales y la variopinta composición de áreas que han abarcado tales entes y que van desde industrias básicas hasta actividades poco estratégicas para el manejo estatal. Esto no ha sido una particularidad de estas dos administraciones sino que, en periodos variados de presidencias o gobernaciones, se pueden encontrar en Venezuela ideas sobre que algo sea estratégico para el manejo del Estado –en sus distintos niveles-, sin verdaderamente serlo.

 

Se conformó, así, en Venezuela, la idea de la existencia del Estado como un ente asfixiante, controlador y omnipotente. A la luz de las teorías marxistas tradicionales sobre el Estado, esta omnipotencia perseguía o permitía el dominio y beneficio de los grupos sociales pudientes, ricos o burgueses, cualesquiera sea el calificativo que se les quiera dar. Por distintas razones, la entrada de la administración bolivariana, consiguió un aparato estatal aparentemente fuerte -y no por exitoso por ejecución de políticas o su eficiencia- en todo el periodo previo de los 40 años de democracia representativa, por ser participe y gestor en la economía según el perfil del rentismo petrolero que hemos señalado y su abultamiento. Debe destacarse que, al igual que otras administraciones, la administración bolivariana, por lo menos en lo que se observa en sus planes escritos y crecientemente en las expresiones orales del presidente Maduro, ha planteado reducir la dependencia petrolera en cuanto a exportaciones y su presencia en la economía nacional. Para el año 2017 incluso, la administración del presidente Maduro planteó fantasiosamente que ya se había acabado –dadas sus gestiones- el modelo rentista y la economía había entrado en un nuevo modelo de desarrollo. Contrario a esto, la economía se encuentra hoy presionada por el mantenimiento del modelo rentista, la ausencia de una estrategia de desarrollo que abandone fantasías y los modelos ineficientes del socialismo en general y por una economía que enfrenta entre sus mayores dramas -para un contexto de miseria, escasez de divisas, bienes y efectivo- el de la disminución de la producción petrolera a niveles ligeramente sobre el millón de barriles diarios,

como sucedió en los meses de mayo y junio del año 2018.

 

La administración bolivariana ha perseguido, desde los tiempos de la Constituyente de 1999 refundar las instituciones mientras lo que se ha ejecutado es un auténtico proceso de desinstitucionalización-. No es claro hoy día diferenciar –como tradicionalmente se ha hecho en la teoría política- entre gobierno y Estado en la realidad venezolana pues ambos se han fusionado por las gestiones e intereses reproductivos de la administración bolivariana. De cualquier manera, y en base a la idea del poder popular, el poder de los de abajo, el poder comunal o la democracia participativa y protagónica, la administración bolivariana después de más de 19 años de gestión debería permitir observar un Estado fuerte a la luz de sus propios objetivos de transformación de la sociedad venezolana. Más aun, cuando en muchas ocasiones los ciudadanos observan una falta de gobierno en numerosos aspectos, que no es compensada por frases o expresiones de mítines, programas o concentraciones como aquella de “…así, así, así es que se gobierna”. En tal sentido, se presentan estos elementos que siguen y que -junto a otros- nos permiten ubicar un perfil de Estado impotente y poco operativo, para la atención de numerosísimos problemas que presenta la realidad venezolana.

 

UN PERFIL DE ESTADO IMPOTENTE

 

En primer lugar, la posibilidad de que el ciudadano o el empresario ejerza reclamos o solicite estabilidad para el manejo de sus costos de transacción, que crecen con la ineficiencia administrativa, la corrupción y los privilegios; y en los cual han aportado elementos variados los neo institucionalistas.  No es fácil para el ciudadano remitirse al INDEPABIS[1], SUDEE[2], la fiscalía o algún tribunal, si fuere el caso, para ejercer una diligencia que, en atención a su reclamo, le dé un resultado concreto y relativamente rápido. La idea de te voy a demandar o te  voy a denunciar no pasa de ser, en muchos casos, más que una reacción emotiva de un determinado ciudadano y que queda más adecuada en otras latitudes. El caso de los servicios públicos y también muchos privados, debe destacarse en forma particular. Las líneas aéreas, los medios de transporte terrestre, servicios de comida y festejos, empresas de vigilancia, supermercados y otros, siguen cometiendo considerables abusos en contra de los ciudadanos, considerando, los oferentes de tales servicios que estos últimos deben sentirse agraciados por el mero hecho de ser atendidos –sea bien o mal-. Debe destacarse que en algunas dependencias del Estado, que habían  mejorado algunos de sus servicios (caso de trámites de documentación/pasaportes) estos se han deteriorado –grosso modo- en el contexto del último lustro y han sido abordados por la corrupción, ahora dolarizada.

 

En segundo lugar, la ejecución de controles de parte del Estado,  no pasa en algunos casos de ser meros simbolismos. Los variados controles que ejecuta la administración no son en sí mismos lo más conveniente para la economía o la sociedad. Los controles de precios, tarifas y transacciones diversas no siempre benefician a los sectores menos favorecidos en la distribución de ingreso; todo lo contrario, algunos de sus efectos terminan favoreciendo a los sectores de mayores recursos (es el caso de la educación gratuita en universidades e impedimentos a que en ellas paguen grupos sociales o integrantes de ellos que sí podrían hacerlo). Pero también tenemos el caso de los controles de precios en productos alimenticios que, en principio, deberían facilitar el acceso a la cesta básica y generan –contrariamente- desaparición de productos, distorsiones de precios, monopolio estatal en la oferta de bienes y presencia de precios totalmente distantes de los regulados, que producen la sensación en el consumidor de que ese producto con precio regulado al que  hace referencia la administración, no existe ni se vende en el mercado  a ese precio sino a otro mucho más alto.

 

Por lo demás el contexto hiperinflacionario y de agudización de la crisis económica y social palmariamente en los años 2013 a 2018 y, más aun en 2017/2018, ha permitido observar propuestas y contrapropuestas donde una pasa a ser menos eficiente que la otra. En el caso de los llamados precios acordados planteados desde de 2017, pueden observarse los siguientes elementos. En tal año y en el contexto de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente se decretó la Ley de precios acordados (Gaceta Oficial Extraordinaria Nº  6.342, de fecha 22 de noviembre de 2017). Su objeto se define como “establecer los principios y bases fundamentales para el Programa de Precios Acordados, mediante el diálogo y la corresponsabilidad entre los sectores público, privado, comunal, y de las trabajadoras y trabajadores, a través del estímulo a la producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios que el Ejecutivo Nacional declare como priorizados, considerando su estructura de costos, para garantizar el acceso oportuno, suficiente y de calidad a los mismos dado su carácter esencial para la vida, la protección del pueblo y de todos los actores que intervienen en la producción, distribución y comercialización, todo ello en función

de la estabilidad de los precios, la paz económica y la defensa integral de la Nación.”

 

Se buscaba, por tanto, con tal Ley, estabilidad en los precios,  garantizar acceso a los bienes y servicios y disponibilidad de bienes a los precios acordados. En contrario a eso que se buscaba podía señalarse que, dado que el contexto en que fue establecida esta Ley era el de uno definidamente hiperinflacionario[3], por la intensidad y frecuencia en la variación de los precios[4], la actitud de los agentes económicos ante los activos de reserva –empezando por el dólar-, la ampliación del criterio de bienes esenciales y la formación de expectativas; de considerable escasez y de alteraciones irreversibles en las áreas comercial e industrial, mientras en el campo productivo y de formación de políticas, se mantuviesen los principios y ejes del modelo de desarrollo impulsado por la administración del presidente NM, podían esperarse movimientos expansivos de las distorsiones, más que correcciones[5].

 

Comenzando el año 2018 varios representantes empresariales insistían en la inconveniencia de tales precios acordados, enfocados y buscados procesar a través de tal Ley y que popularmente se ha conocido como el plan 50 (dados los bienes considerados). Transcurrido más tiempo, ya superando el primer semestre del año 2018 y vistas reacciones de disminuciones de oferta o escasez que produce tal tipo de medidas, debe afirmarse que tal ley o plan no se ha propiamente ejecutado. A finales del primer semestre, la administración bolivariana pasó a ejecutar distintos mecanismos de control, intervención u ocupación de los mercados populares, expresando o encontrando algunos de sus funcionarios “efectos” o “resultados” positivos en disminuciones de precios en alguno de tales mercados –coche-, no teniendo esto correspondencia con el agudo escenario hiperinflacionario de tales momentos y que ha implicado sobre un 80% de inflación mensual como promedio, para los primeros cinco meses  del 2018[6]. Para inicios de julio, se ofreció una propuesta de precios para tales bienes, pero fueron suspendidos los anuncios. Con el denominado plan 50, acotó en tales momentos María Carolina Uzcátegui (presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios –Consecomercio): “Va a ocurrir lo que ocurrió anteriormente (…) Cincuenta productos que al igual que en enero van  a desaparecer del mercado porque ningún productor va a producir a pérdida con consecuencias graves para el consumidor” (ver www.eluniversal.com 7 de julio 2018; www.bancaynegocios.com 8 de julio 2018).

 

En tercer lugar, el área judicial donde la administración ha terminado reconociendo directa o indirectamente su inefectividad para corregir numerosas desviaciones presentes en la misma, más allá de la pompa que se dan magistrados y jueces cuyas togas y birretes no tienen siempre los respaldos necesarios como saben algunos participes en esta administración. Caso terrible y sempiterno es el de las cárceles a pesar de sus transfiguraciones internas. Esto es: viejos problemas, alimentados por otros nuevos y presentados con efectos audiovisuales más amplios o nutridos pero con la misma ciencia de fondo: ¡el problema de las prisiones es un  problema de clases sociales, donde viejas clases o nuevos grupos sociales acomodados salen indemnes! Esto lo saben de tiempo atrás numerosos analistas y juristas pero es terrible que se destaque en una administración que se denomina revolucionaria, y que de manera dramática se ha desentendido de la gestión del poder en las cárceles, como ha quedado demostrado en numerosos episodios de impotencia estatal. Adicionalmente, los cuerpos militares y de seguridad del Estado no siempre generan la mejor confianza en los ciudadanos y ello deriva de referencias, informaciones y propias experiencias tenidas con tales cuerpos y de las cuales están en conocimiento las propias instancias del Estado/gobierno.

 

En cuarto lugar, debe destacarse lo concerniente a la estructura y dinámica de las políticas públicas y en particular las económicas y sociales. No es este un terreno donde se compruebe organicidad, adecuada secuencia o que demuestre fortaleza en la estructura estatal/gubernamental actual. No trata solo esto de expresar ideas o acercamientos teóricos, sino que trata también de cómo se ejecuta lo que se plantea y de manera muy importante quienes ejecutan las políticas y con qué equipos se cuenta para ejecutar las mismas. En los casos del comercio exterior, la integración económica y las negociaciones internacionales, las decisiones siguen estando muy concentradas en muy pocas personas. En el asunto de las relaciones internacionales y el acercamiento o distanciamiento a determinados países, las decisiones e inclinaciones siguen implicando –también- muy poca participación de la sociedad civil. Puede afirmarse que en el área internacional del comercio y la integración no existe una política de estado que supere las limitaciones de los intereses cercados por los linderos ideológicos y la especie de populismo internacional –ya menguado por las propias restricciones presupuestarias y de ingresos de la administración bolivariana, donde un tema especial es como llegó a esta situación una administración que dispuso de más de un billón de $-.

 

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD: UN PUNTO DE LLEGADA

 

Muy dramático para la economía termina siendo la afectación de los derechos de propiedad y el aumento de los costos de transacción, cuando ello parte del propio Estado/gobierno. Ese proceso de debilitamiento y destrucción de derechos de propiedad, lo cual implica incrementar los costos de transacción, afecta negativamente la actividad económica privada, la que propiamente se expresa en transacción de contratos de un agente a otro. Tales derechos pueden ser diversos, y abarcan desde un contrato de alquiler de una vivienda, transacción de una propiedad accionaria  en un mercado abierto o cerrado, un depósito bancario, licencias, franquicias, hipotecas, otros. Es evidente, así, el impacto negativo que sobre la economía causa el debilitamiento de los derechos de propiedad y control.

 

En este entorno para el ejercicio de los derechos de propiedad es donde la administración iniciada en 1999 produce sus primeros efectos –vía expropiaciones e intervenciones diversas-, al violentar tales derechos -por vía legal y por la acción política de los entes informales-, con lo cual se induce una reducción del volumen de transacciones económicas, disminuyendo la actividad económica formal y -con ello- los impuestos o ingresos fiscales, afectando el sentido redistributivo que bordea el discurso de cambio y justicia social con el cual se presentó inicialmente -y se ha mantenido- la administración señalada. Una porción importante de las transacciones que se hacían en el mercado, son informalizadas, cayendo los impuestos indirectos y directos, creciendo el desempleo y contrayéndose el proceso de formación de riqueza.

 

Cuando se revisa la evolución de la economía venezolana de los últimos tres o cuatro lustros y se elimina el efecto expansivo del petróleo, se puede apreciar este fenómeno de caída de la actividad económica formal, y crecimiento de la informal. La paradoja es diáfana: el proceso político señalado lleva implícito la descapitalización del aparato productivo, lo que induce a los agentes a exportar sus activos. La descapitalización se observa claramente en la reducción del PIB generado en la actividad económica formal, la pérdida de empleos y la disminución de la posibilidad de crear otros, tanto en sectores trabajadores de bajos ingresos como en los sectores medios. Debe señalarse que, del último lustro, el año en curso representaría el quinto con definido decrecimiento económico.

 

Debe afirmarse que en áreas de la vida económica y social (niveles de precios, facilidades o dificultades de obtención de financiamiento, funcionamiento del área privada que atiende la salud, acceso a viviendas, mecanismos restrictivos de comercialización, entre otros) la administración del Presidente Chávez expresó ideas o impresiones preliminares relativamente acertadas. Sin embargo, a la hora de formular políticas y de ejecutarlas estas se materializaron llenas de retórica, ineficiencia y corrupción con muy probables fines políticos electorales o de generación de incondicionalidades. Este proceso se profundizó y se amplió durante la administración del presidente Maduro

 

Indudablemente que las debilidades en las áreas mencionadas y la propia dinámica del Estado impotente deberían ser de sumo interés en el análisis actual y de elaboración de perfiles futuros para la economía y la nación venezolana. Más aun dado que, visto en la evolución de las últimas décadas  el ISLR petrolero/PIB ha ido en franca disminución –ubicándose en niveles irrisorios- y el no petrolero se ha prácticamente estancado[7].

 

 

 

@eortizramirez

eortizramirez@gmail.com

 

 

[1] Nació en 2008, dejó de existir hace unos años.

[2] Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.

[3] Ver Carlos E. Daly Gimón, martes, 14 de noviembre de 2017 “La hiperinflación comparada: un análisis de casos importantes en el escenario internacional” http://masterecointerucv.blogspot.com/2017/11/la-hiperinflacion-comparada-un-analisis.html; y Asdrúbal Oliveros sobre la hiperinflación en Venezuela; por Víctor Salmerón,  23 de noviembre, 2017, www.prodavinci.com.

[4] La evolución de la administración del presidente NM, ha brindado menos información mientras más alta se ha presentado la inflación. En abril de 2017, el Banco Central de Venezuela (BCV) reportó al Fondo Monetario Internacional (FMI) que el año 2016 la inflación en el país fue de 274,4% (la segunda más alta del mundo después de Sudán del Sur). Por su parte la Asamblea Nacional, a través de su Comisión de Finanzas y en base a sus cálculos propios, dada la ausencia informativa señalada, informó, en febrero 2017, a través de José Guerra, diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento,  que la inflación de 2016 se ubicó en 550% (ver www.finanzas digital.com abril 20 2017 y www.el-nacional.com 23 de febrero 2017). Para el año 2017 y lo transcurrido de 2018 estos datos desde la Asamblea Nacional se han convertido en fundamentales dada la mantenida ausencia de los gubernamentales.

[5] Ideas relacionadas pueden verse en  “Ley Constitucional de Precios Acordados” Enrique González Porras Blog Noviembre 17, 2017.

[6] (puede verse ANCE Abril/junio 2018. http://www.econolatin.com/coyuntura/pdf/venezuela/informe_economia_venezuela_junio_2018.pdf).

[7] Ver L Vera, LA TRIBUTACIÓN EN VENEZUELA: DESAFIOS CON SENTIDO DE EQUIDAD. Presentación diciembre 2017.